Por Mariano Millán

Diego Orlando Spagnuolo, Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), citó, mediante Carta Documento, a asistir a un consultorio médico local, a personas con discapacidad, para auditar las pensiones por invalidez, otorgadas por gobiernos anteriores.
Solo de esa manera, los beneficiarios podrán conservar el escaso aporte del Estado para quienes tienen ciertas limitaciones que los condicionan en el mercado laboral; no por su discapacidad sino -y fundamentalmente- por el prejuicio ajeno.
Al mes de abril del corriente año, el monto de estas contribucuines ascendió a $259.000, con un aumento que estuvo en el orden de los $3.000, en el mes mencionado (No se asombre. Leyó bien). 
La canasta básica alimentaria según el INDEC fue de $495.616 en el mes de marzo y la canasta básica total, ascensió a $1.100.217. Ambas determinan si las personas se encuentran bajo o sobre la línea de pobreza o indigencia. Con lo cual, no hace falta decir mucho más al respecto.
No es que esté mal auditar los egresos del Estado, sino que debería medirse cada intervención con la misma vara. Sin ánimo de herir susceptibilidades, sabemos que muchos sectores, no tienen el mismo seguimiento exhaustivo por parte del Gobierno de Javier Milei, como los secotres más empobrecidos por la actual gestión.
Lo mínimo que se pide, es la sensibilidad necesaria para conocer las necesidades que tienen estos sectores y las limitaciones que les presenta la vida para acceder a un ingreso formal (y hasta informal). 
Sería bueno que gestiones que influyen de manera directa sobre las arcas del Estado estuvieran controladas severamente como el sector de las personas con discapacidad, ya que además de lidiar con su condición, deben hacerlo a cada instante de sus vidas con obstaculos que la misma sociedad le pone a cada paso. 
El Estado debiera ser quien garantice su sostenibilidad antes que su demonización por percibir una ayuda social.
La más fácil siempre fue la de cortar el hilo por lo más delgado. Pero cuando se toca la parte más gruesa de la cuerda, las voces se hacen escuchar ràpidamente y se nos pide ser parte de esos reclamos; a los cuales, por lo general, el grueso de la población, accede y acompaña. Sin embargo, este no es el caso de esta situación. La que hoy viven las personas con discapacidad. 
Pese a las cartas documentos, no hay voces que acompañen su indignación. Más bien, se pone el acento en casos particulares, que intentan atentar contra un derecho. Ese derecho con el que muchos ya no cuentan. Y que es, nada más ni nada menos que el de acceder a mínimas condiciones para vivir dignamente.