En una entrevista con FM La Medialuna, el Comisario Ezequiel Bracamonte brindó detalles sobre una compleja investigación que se lleva adelante en una institución educativa de Justiniano Posse, tras la denuncia de amenazas de tiroteo y un grave caso de bullying.

Amenazas en los baños y allanamientos

La alarma se encendió cuando directivos de la escuela denunciaron la aparición de escritos con amenazas contra el edificio público y algunos referentes de la institución en los baños de los niños. Ante la gravedad de la situación, la Fiscalía de Instrucción ordenó actuaciones inmediatas que derivaron en allanamientos durante la tarde y noche de ayer (por el jueves 23 de abril) para secuestrar elementos de prueba.

Como resultado de estas tareas, se identificó a varios menores de 15 años, quienes serían los presuntos responsables de las pintadas. El Comisario señaló que se investiga si estos hechos responden a algún tipo de "reto" o desafío de redes sociales, aunque aclaró que aún es prematuro confirmarlo.

Denuncia por bullying

En paralelo a las amenazas, una madre presentó una denuncia por un caso de maltrato físico y psicológico (bullying) contra su hijo. Según el informe policial:

• El hecho involucra a otros tres menores de edad de la misma escuela.
• Se realizaron allanamientos en los domicilios de los tres presuntos victimarios y de la víctima para resguardar pruebas.
• La justicia busca determinar si existe una conexión directa entre los responsables de las amenazas y este caso de acoso.

El rol de las familias y la justicia

Bracamonte enfatizó que, si bien para los jóvenes estos actos pueden parecer una "picardía", constituyen delitos penales graves que movilizan una enorme cantidad de recursos públicos, incluyendo policía, justicia, municipios y servicios de salud mental.

"Queremos hacerles entender de la forma más directa posible que estas cosas son graves y generan un movimiento institucional muy grande", afirmó el Comisario.

Finalmente, se informó que los padres de los menores involucrados podrían enfrentar responsabilidades económicas por los costos de los operativos policiales y de investigación, siguiendo los lineamientos recientes del Gobierno de la Provincia de Córdoba. La Fiscalía continúa trabajando en el seguimiento de los casos con el apoyo de trabajadores sociales y psicólogos para contener a los menores afectados.

FUENTE: www.fmmedialuna.com.ar