El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba notificó formalmente al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, sobre la obligatoriedad de dar cumplimiento inmediato a un fallo que ordena regularizar las prestaciones destinadas al colectivo de personas con discapacidad. La resolución, dictada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja, exige que los programas INCLUIR Salud y PAMI se pongan al día con las deudas que mantienen con instituciones y profesionales del sector, las cuales en muchos casos se arrastran desde noviembre y diciembre del año pasado.

La medida judicial surge como respuesta a una acción de amparo colectiva promovida por la abogada Marta Lastra, referente de la agrupación Defendamos Córdoba, en representación de los beneficiarios del sistema. En declaraciones periodísticas a MIRA FM 106.3, Lastra calificó la situación actual de "irracional e inhumana", remarcando el peligro inminente en el que se encuentran múltiples centros asistenciales.

"Estamos ante un genocidio flagrante de parte del gobierno hacia el sector de la discapacidad y de los jubilados. Hoy un jubilado tiene que elegir si come o compra los remedios que dejó de cubrir el PAMI. La plata de ellos está en las arcas de los funcionarios que no pueden justificar su patrimonio", denunció con dureza la letrada en el aire radial.

Un fallo con alcance expansivo

El fallo emitido por la Justicia Federal no se limita al caso particular que originó la demanda, sino que posee un "efecto expansivo" que ampara a todo el colectivo de prestadores de discapacidad del país. La resolución obliga al Ejecutivo nacional a arbitrar de manera urgente los medios para cancelar las facturas pendientes de pago a hogares, centros de día, escuelas especiales y farmacias (encargadas de la provisión de medicamentos y pañales), prohibiendo explícitamente que se vuelva a incurrir en demoras en las sucesivas facturaciones.

Lastra precisó que la celeridad del juzgado para dictar primero una medida cautelar y luego la sentencia de primera instancia responde a una situación límite: "Las instituciones están subsistiendo por la buena voluntad y el bolsillo de sus propios directivos. Hay entidades que acumulan deudas de hasta 400 millones de pesos por falta de pago del Estado", ejemplificó, haciendo referencia a la crisis terminal que atraviesa el sector prestacional.

Riesgos legales y embates institucionales

La notificación al ministro Lugones fija el inicio de los plazos legales para la ejecución de la sentencia. De persistir el incumplimiento por parte de las autoridades nacionales, el Gobierno podría incurrir en el delito penal de desobediencia a una orden judicial, además de enfrentar severas consecuencias civiles por daños y perjuicios.

Durante la entrevista, la abogada también alertó sobre un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo en el Senado, firmado por el presidente Javier Milei, el vocero Manuel Adorni y el ministro Mario Lugones. Según Lastra, bajo la premisa de "combatir el fraude en las pensiones no contributivas", la iniciativa busca destruir el nomenclador nacional de prestaciones, dejando el financiamiento y los aranceles de la discapacidad "librados a las reglas del mercado".

Frente a este escenario, la letrada destacó y respaldó el proyecto de contrapropuesta presentado en la Cámara de Diputados por Natalia de la Sota, el cual busca blindar por ley el nomenclador obligatorio para proteger el derecho a la salud del sector. "Nos toca poner un límite desde donde podamos. El derecho a la vida de los sectores más vulnerables no puede esperar los tiempos de la política", concluyó.