Un fallo de la Justicia Federal de Córdoba encendió una luz de esperanza para miles de personas con discapacidad en todo el país. En declaraciones radiales a MIRA FM 106.3, la abogada Marta Lastra brindó detalles sobre la resolución judicial que ordena a los programas Incluir Salud y al PAMI restituir de manera urgente la cadena de pagos de las prestaciones, las cuales registran deudas desde finales del año pasado.

"Estamos teniendo mucha repercusión en este momento y hay que aprovechar que la decisión de la justicia hoy por hoy tiene alcance nacional", destacó Lastra. La medida exige que se regularicen las prestaciones de salud, pañales, medicación, transporte y servicios asistenciales para todos los titulares de pensiones no contributivas del país.

"Un derecho que asiste a los más vulnerables"

La letrada explicó que la acción judicial se inició originalmente como un amparo individual en favor de un cliente llamado Martín. Sin embargo, mediante una alianza estratégica de su estudio con los doctores José Roque y Diego Bustos, se resolvió plantear un amparo colectivo para evitar el colapso de los tribunales con causas individuales y dar una respuesta comunitaria.

"El juez pudo investigar y confirmar que la situación y la crisis social existen", señaló la abogada, aludiendo a la realidad de los beneficiarios que perciben pensiones de apenas 270.000 pesos mensuales. "Una persona que vive en situación de discapacidad no tiene por qué estar soportando o sosteniendo un proceso judicial para acceder a la vida misma".

Duras críticas al Poder Ejecutivo

Durante la entrevista, Lastra no ahorró críticas hacia la gestión del presidente Javier Milei y el ministro de Salud, el Dr. Mario Lugones, a quienes acusó de actuar de manera "recalcitrante".

• Desoyendo a los poderes: "Lamentablemente, el presidente Milei y el ministro de Salud están convencidos de que forman parte de un imperio, porque desoyen lo que los otros dos poderes que conforman la República ordenan y establecen. Desoyen al Parlamento y desoyen a la Justicia", fustigó.
• Excusas administrativas: La abogada reveló que, en las presentaciones judiciales, Incluir Salud admitió tener los fondos disponibles, pero justificó las demoras por "cuestiones administrativas". Ante esto, Lastra replicó con indignación: "¿Y la gente? ¿Y los pañales? ¿Y la medicación? ¿Cómo hace la gente para vivir por sus problemas administrativos?".

Instituciones al borde del colapso

El corte de la cadena de pagos obligó a numerosas instituciones a endeudarse fiscal y patronalmente para no suspender la atención por razones humanitarias. Lastra citó el caso de organizaciones como Cotolengo Don Orione u Onofre, que hoy afrontan realidades financieras críticas.

A esto se suma el desfasaje de los aranceles frente a la inflación. Según la especialista, mientras el Gobierno autorizó aumentos de entre el 500% y 600% para las empresas de medicina prepaga, los valores de las prestaciones públicas apenas subieron un 100% en los últimos dos años y medio, fijando montos irrisorios como 18.000 pesos para una prestación ambulatoria o 1.000 pesos por kilómetro para el transporte adaptado.

"Con todo este accionar se demuestra lo poco que le interesa a la gestión la situación de las personas con discapacidad", concluyó Lastra, remarcando que el fallo otorga un plazo perentorio a los organismos oficiales para que comiencen a cumplir con las obligaciones legales y constitucionales.