En declaraciones periodísticas en MIRA FM 106.3, la especialista en temas de discapacidad advirtió que las propuestas impulsadas en el proyecto de Presupuesto presentado por la gestión del presidente Javier Milei representan un grave retroceso en materia de derechos adquiridos. Además, denunció trabas en las prestaciones de salud, un desfinanciamiento del sistema solidario y una dura crisis que afecta tanto a las familias como a los prestadores de servicios.

La letrada calificó el escenario actual como "otro cachetazo más" para las familias y las personas con discapacidad. Según explicó, mientras las organizaciones se encontraban en plena lucha por la prórroga de la Ley de Emergencia, se sumaron complicaciones en el ámbito legislativo y la posterior presentación del proyecto de Presupuesto Nacional.

"En el proyecto de presupuesto directamente no solo se pretende derogar artículos de la ley de emergencia, sino que vuelve atrás en materia de derechos adquiridos que son condenados por la comunidad internacional. Nuestro país adhiere y ratifica documentos internacionales, principalmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no es un acto declarativo, sino que constituye obligaciones", enfatizó la letrada.

Un modelo de salud bajo la "ley de mercado"

La especialista sostuvo que las decisiones gubernamentales responden a un intento de favorecer a las prepagas y reestructurar el sistema de atención pública hacia un modelo similar al de Estados Unidos. "Están destrozando el PAMI, desfinanciando Incluir Salud y el Fondo Solidario de Redistribución. Nos dicen que no hay plata, pero en ningún momento publican los números que ingresan en concepto del fondo. Ese fondo no es de Milei ni de Lugones; es de los argentinos", afirmó.

Lastra describió además la situación límite que atraviesan los servicios de asistencia y los profesionales del área:

• Falta de autorizaciones: Denunció retrasos y trabas por parte de las obras sociales para autorizar intervenciones y la entrega de insumos esenciales como pañales o prótesis.
• Precarización del transporte: Precisó que los transportistas perciben un valor que ronda los $900 por kilómetro, lo que representa apenas el 30% del costo del litro de nafta y dificulta mantener el servicio.
• Atraso en los honorarios: Mencionó que las prestaciones ambulatorias se abonan cerca de $20.000, cuando los colegios profesionales establecen un mínimo de $50.000.

"Veo mucha crueldad de parte de la gestión hacia la discapacidad", concluyó la abogada, al tiempo que anticipó que representantes de instituciones prestadoras de la provincia de Córdoba se reunieron en la Cámara de Diputados y evaluaban convocar a una movilización nacional para el próximo 23 de septiembre.