En noviembre del 2016 se votó en el senado y por unanimidad un proyecto redactado por todas las organizaciones de inquilinos del país y debatido durante un año con todos los bloques. La última vez que se había discutido la problemática del alquiler de vivienda en el congreso había sido en el año 1985. Varias razones explican tanta demora, pero hay una fundamental: el poder del mercado inmobiliario.

Nuestro proyecto plantea lo siguiente:
Índice de precios para alquileres promedio entre inflación y salario actualizable una vez por año.

-Depósito: Un mes de depósito por todo el contrato actualizado de la misma forma que el alquiler.
-Contrato de tres años como duración mínima.
Impuestos que gravan la propiedad y expensas extraordinarias a cargo del propietario.
-Negociación previa de 60 días para fijar las condiciones del próximo contrato.
-Rescisión anticipada en cualquier momento del contrato solo por parte del locatario.

Ayer, la sesión de legislación general sesionó por segunda vez en el año. Sí, solo dos veces en un año y una hora antes de la reunión algunos diputados tuvieron acceso al proyecto del oficialismo (cambiemos-ucr-frente renovador) que sería votado sin haberlo debatido nunca, y sin haberlo consultado con ninguna organización de inquilinos. Como era de esperar el proyecto logró dictamen de comisión, frente a la ausencia del FPV que firmó un dictamen de minoría apoyando el proyecto del senado, y la semana que viene será votado en el recinto para luego volver a la cámara de senadores y allí puede ser rechazado y ratificado nuestro proyecto o votado el proyecto del oficialismo.

Evidentemente si el proyecto no fue consultado con ninguna organización, no fue debatido y muy pocos lo conocían, imaginen a quién beneficia…

Qué plantea el proyecto:

-La actualización del precio es poco clara, con riesgos de que sea impracticable y no se sabe muy bien si se actualiza por inflación o por uva. O sea, de mínima los alquileres van a subir al ritmo de la inflación sin tener en cuenta los salarios. Lipovetzky (presidente de la comisión y autor del proyecto) antes de las elecciones decía que los alquileres debían actualizarse por el salario nada más. Nos mintió. Y lo sabíamos.
-La duración del contrato seguirá siendo de dos años. No fundamentaron por que no podía ser de tres.
-Los impuestos que gravan la propiedad siguen a cargo del propietario.
La redacción acerca de quién debe pagar las expensas extraordinarias es confusa y habilita a que se legalice la obligación por parte de los inquilinos.
-La negociación previa ya no es de 60 días sino de 30. Todos sabemos que si un mes antes de que finalice el contrato de alquiler el propietario no está de acuerdo con la negociación tenemos muy poco tiempo para encontrar otra vivienda.
-Las reparaciones de la vivienda ya no estarán a cargo del propietario sino a cargo del inquilino.
-El propietario podrá incluir una cláusula al contrato que nos obligue a los inquilinos a tener que avisar con 5 meses de antelación si queremos rescindir el contrato. Si no lo hacemos deberemos pagar los 5 meses. Hoy no hace falta avisar con antelación.
-Alquiler social: dice el texto que el poder ejecutivo deberá crear un programa dedicado a “apoyar” a los inquilinos que tengan dificultades para cumplir con los requisitos de la garantía e incluso pago de alquileres siempre que sean viviendas sociales. No sabemos que es una vivienda social, ni como se instrumentará la ayuda ni a quién ni cómo.
-Garantía: amplían el sistema de garantía a: aval bancario, seguro de caución o garantía personal (recibo de sueldo) pero agrega a lo último que: cualquiera otra que resulte satisfactoria a criterio del propietario. O sea, seguimos como siempre, el propietario puede exigir título de propiedad y punto.
-Depósito: Respetan nuestra propuesta. Un mes de depósito por todo el contrato actualizado de la misma forma que el alquiler.

Por supuesto que es un hecho gravísimo, no sólo para los 8 millones de inquilinos e inquilinas del país, sino para la vida democrática. Si un proyecto debatido durante un año y votado por todos los senadores puede ser desestimado con estas prácticas autoritarias tenemos un problema serio todos los argentinos.
Entonces quiero decirle a todos los inquilinos e inquilinas del país que no vamos a rendirnos, que en el congreso se está discutiendo nuestra situación por todo lo que hicimos entre todos y no debemos dejar de hacerlo. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más para que en el senado se ratifique nuestro proyecto y alquilemos de forma justa en la Argentina.

Hoy más que nunca necesitamos hablar de esto entre todos aquellos que alquilamos una casa para vivir y redoblar esfuerzos.

Gervasio Muñoz
Pdte Asociación Civil Inquilinos Agrupados