A  casi 10 años de la ley que cambió la designación a dedo de los jueces de Paz y a siete de la constitución de la junta creada para los concursos públicos, sólo poco más de la mitad, 179 de los 309 juzgados, tienen jueces designados con este sistema.

Y todavía hay 59 con cargos vacantes, casi uno de cada cinco, que tienen que funcionar con la firma de un juzgado vecino.

El juez de Paz de Chancaní, Jorge González; la jueza de Guasapampa, Stella Maris Sargiotto; y el juez de Inriville, Henry Storti, son algunos de los 64 funcionarios que revalidaron sus cargos con los nuevos requisitos que estableció la ley 9.449.

El resto de los procesos resueltos por la Junta de Calificación y Selección de jueces de Paz derivó en reemplazos. O en la declaración de concurso desierto y llamado a nueva convocatoria, como pasó en Salsipuedes, donde la jueza de Paz Nancy Torres no consiguió la reválida y el cargo quedó vacante por ausencia de otros postulantes.

Insólito

De juez de Paz a intendente

Se generaron situaciones insólitas, producto de la lentitud de to­dos los procesos: en Camilo Aldao, Carlos Carignano confirmó su cargo, fue acusado por falsedad ideológica ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) donde debía tramitarse su desafuero, pero le lle­gó antes la jubilación y dejó la si­lla vacante y la causa abstracta.

Peor aún es lo que ocurrió en San José de la Dormida, donde Elmer Giménez confirmó su cargo luego de someterse a las revisiones de la Junta y falleció antes de que se eleve el pliego con su nueva designación.

El registro solicitado por La Voz al Ministerio de Justicia de la Provincia detalla que existen, además, 11 jueces de Paz que en este momento están con procesos avanzados para su designación, esperando el decreto de nombramiento y su juramento.

Los tiempos para el recambio están sobrepasados. A pesar de que la ley estableció una cláusula transitoria que indicó una cobertura escalonada de los cargos, privilegiando los juzgados vacantes, se instruyó que desde el 31 de diciembre de 2010 debían empezar a convocarse concursos en los juzgados con un juez en ejercicio de sus funciones, nombrado con un simple decreto del gobernador. Entonces se constituyó la Junta y llamó a 147 concursos.

Pero los llamados aún no llega­ron a 66 pequeñas ciudades o pue­blos que permanecen a cargo de jue­ces con mandatos prorrogados.

Laura Echenique, presidenta de la Junta y representante del Ministerio de Justicia, le dijo a este diario que la prioridad es cubrir vacantes y que se trabaja 
con dos reuniones semanales para avanzar en los procesos de 
designación. Además de Echenique, la Junta cuenta con representantes de la Justicia, del Ministerio Público Fiscal y de la Legislatura.

El legislador Orlando Arduh (Juntos por Córdoba) se integró este año a las reuniones de la Junta y entiende que recién ahora parece haber intención de cubrir las vacantes y completar los concursos. “No se ha nombrado a nadie en mucho tiempo. Estamos llamando a aspirantes que presentaron sus antecedentes en 2013. Fue un profesor de gimnasia que se presentó hace cuatro años para Capilla de los Remedios a la Junta, pero para decir que ya no le interesaba el cargo. Se está trabajando ahora. Pero se nota que lleva mucho atraso”, confió.

Además de las 66 prórrogas, hay otros 33 casos de vacantes en etapa de selección y otras 13 
en condiciones de ser convocadas, entre las cuales están Embalse 
y Villa Allende, acéfalas desde 2012.

Si se suman otros 13 juzgados sin jueces porque fallecieron, renunciaron, se jubilaron o los destituyeron, se llega al número de 59 juzgados vacantes, cuyas actividades deben ser suplidas por juzgados vecinos. Y la suma llega a 60 si se considera a Guanaco Muerto, que está en un limbo. La localidad, famosa por tener más pensiones por invalidez que habitantes, también tiene un litigio por el Juzgado de Paz.

No tener un juez trae muchas complicaciones. Por caso, para atender los trámites en Villa Allende se turnan los lunes el juez de La Granja, Claudio Schindler; los martes, la jueza de La Calera, Ileana Oliva de Blazer; y los miércoles, el juez de Agua de Oro, Pedro Jacobo.

Sacarlos, otro problema

Desde 2011 se tramitaron 15 juicios de desafuero contra jueces de Paz y sólo echaron a cinco, según detalló Luis Sosa Lanza Castelli, secretario General del Tribunal Superior de Justicia. Pero en varios casos terminó antes el proceso: con la renuncia del acusado.

Equiparados con funcionarios judiciales, los jueces de Paz gozan de inmunidad de arresto y no pueden ser elevados a juicio sin antes ser destituidos.

En 2011, se hicieron cuatro juicios y dos terminaron en absoluciones y dos, en renuncia: los jueces de Monte Maíz, Juan Cardinalli; y de Brinkmann, Germán Argañaraz. En 2012, se destituyó a la jueza de La Paz, Griselda del Valle Villegas, y al juez de Bengolea, Gustavo López. Renunció, ese mismo año, el juez de Almafuerte, Carlos Delgado. En 2013, echaron al juez de Obispo Trejo, José Moyano. En 2014, se destituyó a la jueza de Falda del Carmen, María Antonia Parisatto. Ese mismo año no prosperó la acusación contra la jueza de Altos de Chipión, Marcela Baldo.

El año pasado, se suspendió el trámite por la jubilación del juez de Chuña, Ramón Luna; renunció la jueza de Seeber, Daniela Bruno, y se jubiló Carignano, el ya referido juez de Camilo Aldao.

Este año tiene que tratarse el pedido de destitución de la jueza de Paz de La Falda, Susana Iguerabide, y fue echado el juez de Paz de San José, Fernando Gabriel Funes, acusado de falsedad ideológica y por un indefendible abuso de autoridad.

Pronto llegará la acusación contra el juez de faltas de La Rinconada, quien tiene como una de sus atribuciones atender en cuestiones de violencia de género y, a su vez, lo investigan por un presunto acoso sexual a una adolescente.

FUENTE: www.lavoz.com.ar