El abogado Antonio Alarcos asumirá hoy como defensor de la letrada Karina Inés Carricaburu (48), quien fue detenida el lunes junto a otras cuatro personas, en el marco de una causa que investiga la Justicia de Villa María por un presunto caso de sustitución de identidad de una beba recién nacida, al tiempo que se procura establecer si hubo dinero de por medio en la adopción ilegal.

En tanto, la fiscal Juliana Companys, a cargo de la instrucción de la causa, dispuso ayer la libertad de la joven mamá de 20 años (a la que solo identificaremos por sus iniciales, B.P., para preservar a la criatura), con el objeto de generar una revinculación con la pequeña, que se encuentra internada en el Hospital Regional Pasteur, aunque en buen estado de salud.

 Los otros detenidos

Además de Carricaburu, también permanecen alojados en la Alcaidía policial de barrio San Justo los supuestos adoptantes, Jorge Fabián Barbana (49) y María Laura Oviedo (47), además de quien sería el padre biológico de la beba, cuya identidad no trascendió.

La investigación del impactante suceso, que salió a la luz tras la intervención de la fiscal ante la denuncia de un caso de “supresión de estado civil”, derivó en la detención de Carricaburu, una letrada del foro local que litiga en procesos civiles, comerciales, laborales y de familia, además de violencia de género y violencia familiar, y tiene su estudio en barrio Ameghino.

Tal como lo informó El Diario en su edición de la víspera, la abogada es muy conocida en la ciudad principalmente por ser campeona de levantamiento de pesas en la especialidad “powerlifting”, una actividad deportiva que suele tener difusión en los medios locales.

 Avisó el Hospital

La fiscal Companys y efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Departamental tomaron conocimiento de la irregularidad en la inscripción de una criatura que había nacido el sábado pasado, a partir de una notificación de las autoridades del Hospital, el lunes a la mañana, lo que en pocas horas derivó en la detención de la joven madre que acababa de dar a luz y de la pareja constituida por Barbana y Oviedo, sindicados como los presuntos “adoptantes” ilegales.

El mismo lunes, las autoridades allanaron el estudio jurídico de Carricaburu, donde detuvieron a la abogada y secuestraron documentación que está siendo minuciosamente analizada, y poco después fue arrestado el supuesto padre biológico de la recién nacida.

Cabe señalar que en los diferentes procedimientos policiales se secuestraron prendas de bebé (en la casa de los presuntos adoptantes), dos vehículos, cinco teléfonos celulares, una computadora, un reproductor de videos, documentos varios y dinero en efectivo.

Asimismo, la Justicia investiga si la criatura fue inscripta por Barbana y Oviedo en el Registro Civil como sus progenitores, y si la abogada Carricaburu se encargó de esos trámites, a sabiendas de que se trataba de una adopción irregular.

 Los defensores

De reconocida trayectoria en el ámbito del Derecho Penal, el abogado Alarcos se hará cargo de la Defensa de su colega a primera hora de la mañana de este miércoles, oportunidad en la que se presentará en la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno para formalizar el acto procesal.

Al caer la tarde del lunes, Carricaburu había propuesto como defensor al abogado bellvillense Sandro Ferrero, quien en la víspera viajó a Villa María y se entrevistó con la acusada en la Alcaidía de calle Piedras. Sin embargo, ambos letrados no llegaron a un acuerdo, por lo que Ferrero desistió de representar a su colega.

En tanto, los coimputados Barbana y Oviedo propusieron como defensor al también conocido abogado villamariense Gustavo Murugarren, quien todavía no notificó a la Justicia si asumirá o no el cargo, mientras que el supuesto padre sería asistido legalmente por un profesional de la capital provincial.

Una vez que todos los implicados hayan designado formalmente a sus defensores, la fiscal Companys fijará las fechas para tomarles declaración indagatoria, algo que se concretaría a fines de la semana próxima, según trascendió.

 Qué dice la ley sobre la “supresión del estado civil y de la identidad”

En su artículo 138, el Código Penal de la Nación establece que “se aplicará prisión de uno a cuatro años al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro”.

El 139, en tanto, precisa que “se impondrá prisión de dos a seis años… 2º) al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare”.

Y el artículo 139 bis señala que “será reprimido con prisión de tres a 10 años el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este Capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad”.

FUENTE: eldiariocba.com.ar