No sólo es la provincia con la mayor cantidad de inocentes encarcelados. También es una usina de “exportación” de estafas telefónicas al resto del país. Investigaciones de jueces de otras jurisdicciones terminan su derrotero en las cárceles cordobesas, casualmente una de las pocas provincias donde continúa prohibido el uso de celulares. Detalles inéditos sobre un negocio millonario que involucra delincuentes, penitenciarios y hasta trabajadores esclavos.

Los casos se repiten. Sistemáticamente. Los titulares de los diarios y los portales informativos vuelven sobre los mismos títulos: "Desbarataron un call center tumbero". Y las historias siempre tienen los mismos detalles y protagonistas. Gente estafada en algún lugar del país (Lomas de Zamora, Venado Tuerto, Jujuy, Río Negro) y jueces locales que empiezan a tirar del hilo, a hacer el trazado de las llamadas, para llegar inexorablemente hasta una cárcel cordobesa.

Según un completo informe del sitio Marca Informativa Cordoba, se trata de organizaciones perfectamente aceitadas, con cabecillas, con perros, con trabajadores esclavos, con torturados, con prestanombres o presta cuentas, y fundamentalmente con complicidades que resultan claves.

El último episodio se registró la semana pasada en la cárcel de San Francisco, al este de Córdoba. Establecimiento Penitenciario N°7, habitado por 452 internos. En ese centro penitenciario funcionaba hasta hace muy pocos días un verdadero "call center tumbero", según lo definió la propia Policía Federal.

La investigación comenzó hace más de dos años, según consignó esa fuerza, cuando se detectaron maniobras de una banda que hacía llamadas a estaciones de servicio de la firma YPF. Se hacían pasar por personal de las empresas Lapos o Posnet (firmas que prestan el servicio de cobros con tarjetas de crédito y débito) y les solicitaban a sus víctimas "la devolución de crédito por las ventas producidas". "Se estableció que los internos de esa unidad carcelaria poseían una especie de 'call center' armado dentro del penal, y que a su vez recababan cuentas en las que dirigían el botín de los hechos a través de transferencias bancarias", explicó la Federal en un comunicado.

El resultado de los procedimientos fueron 19 personas detenidas y la individualización de 12 presos que "trabajaban" desde los pabellones 2, 4, 6 y 7 de esa unidad penal. La crónica policial involucra todos los detalles de los allanamientos y secuestros. Lo que no se abordó hasta ahora fueron las complicidades de los jefes penitenciarios para que esta organización delictiva pudiera actuar con absoluta organicidad, y también impunidad desde el interior de una cárcel. ¿Habrá sido completamente desbaratada la banda? Da la sensación que no es así.

Al menos en ese tenor fueron las declaraciones del juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien está subrogando en su par de Lomas de Zamora. "Todavía no está concluida la investigación, y no le puedo adelantar por dónde vamos a continuar, porque se podrían arruinar líneas investigativas que todavía estamos trabajando", se excusó ante la consulta de MI Córdoba. “¿Puede responder al menos si se están investigando personal y mandos medios del Servicio Penitenciario de Córdoba?”, insistió este medio. Armella hizo una pausa para pensar su respuesta. "Mandos medios y no tan medios", respondió.

Córdoba es una de las pocas provincias cuyas autoridades políticas y judiciales siguen manteniéndose firmes en la decisión de declarar la ilegalidad del uso de celulares dentro de las prisiones. Es una puerta que nadie quiere abrir y sobre la que los resultados prácticos demuestran absoluta inutilidad. Lo cierto es que hoy en día la mayoría de las personas detenidas pueden contar con un equipo de telefonía celular.

Las organizaciones

En la última semana de junio, un juez federal de Lomas de Zamora desandó el camino de una organización delictiva con estafas telefónicas hasta llegar a cuatro pabellones de la cárcel de San Francisco. Ahora investiga a los responsables penitenciarios.

Tres semanas antes, el 4 de junio, la Justicia Federal de Venado Tuerto allanó la cárcel de Villa María, donde existía otra usina de estafas telefónicas.

En agosto del año pasado, la Justicia de Chubut determinó que desde las cárceles de Bouwer y Cruz del Eje salían llamadas que estafaban gente de esa provincia patagónica.

En mayo, también de 2021, la Justicia de Córdoba detectó que en la cárcel de Cruz del Eje operaba una banda de teledelincuentes se hacían pasar por personal de la ANSES y lograban apoderarse de las cuentas bancarias de sus víctimas.

En septiembre del año pasado quedó registrada en cámara una de las estafas en Bouwer, cuando un interno se grabó jurándole venganza al responsable del asesinato de su hermano, mientras detrás se veía y se escuchaba a otro interno, en la misma celda, haciéndose pasar por un operador de Edesur para cobrarle 89 mil pesos por el servicio de instalación a una víctima, a 800 km de distancia. La secuencia recorrió el país.

“Es así, lamentablemente Córdoba ha tenido varios de estos episodios que no vemos en otros distritos”, admitió a modo de confirmación el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.

FUENTE: primerolanoticia.com.ar