Personal de salud y educación en discapacidad se sumaron al reclamo nacional por el atraso en el pago de las obras sociales de los tratamientos. En Monte Maíz adhirieron al paro de los días 29, 30 y 31 de agosto, y se congregaron en la plaza del pueblo acompañados de familias que necesitan la continuidad de los tratamientos con cobertura.

Cecilia Carbone, Lic. en fonoaudiología dijo en ZONA DE NOTICIAS: “Nosotros trabajamos con pacientes que tienen el Certificado Único de Discapacidad y brindamos todas las prestaciones de apoyo. Venimos de muchos años de retraso en las actualizaciones de los honorarios como también en los plazos de cobro. Con suerte estamos cobrando a 60 o 90 días desde que se realizó la prestación. Por estos días las obras sociales deben prestaciones de mayo y de junio. Sumado a ello parece que hay un Decreto de Necesidad y urgencia por el cual las obras sociales no quieren más afiliados que tengan Certificados de discapacidad. Todo pasaría al Estado y no tenemos un servicio de salud pública que pueda hacer frente a todas las prestaciones que los pacientes necesitan. Con respecto al pago a 90 días yo puedo decir que hubo épocas peores ya que hace 12 años que trabajo en esto. Pero ya naturalizamos que sea normal cobrar a los 60 días de brindada la prestación. El tema es que ahora no tenemos respuesta de las obras sociales ni de la superintendencia de salud que es la que paga estas prestaciones. No sabemos que va a pasar porque nos dicen que no tienen la plata del Estado para pagar”.

En tanto, Mariana Pognate, Directora del Instituto Superior del Profesorado, dijo: “Además de lo económico es importante hacer visible la angustia que viven las familias y todas las personas que tienen discapacidad. Ellos necesitan llevar adelante los tratamientos y esto les genera mucha angustia e incertidumbre. La verdad que es una situación desesperante para muchos. Nosotros acompañamos este reclamo porque esto implica a la educación y a la salud. Ambas áreas están siendo afectadas porque hay docentes que incluyen y acompañan a los niños a las escuelas y que están sufriendo estos ajustes. Estamos hablando de un verdadero ajuste a la salud y un recorte a la discapacidad y creemos que esto no es justo”.