La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal general Horacio Azzolín, informa sobre una nueva modalidad de estafas a través de correos electrónicos enviados a nombre de la Policía Federal Argentina (PFA) o Interpol en los que se advierte a las víctimas que existe en su contra una investigación penal por «pornografía infantil» y «ciberpornografía», entre otros aspectos, y se las amenaza con una «inminente orden de aprehensión a raíz de una incautación informática por ciberinfiltración en sus computadoras».

Los mensajes buscan obtener datos personales de las víctimas a través de los «descargos» que produzcan frente a los delitos de los que se los acusa -como fotos de sus documentos, que luego puedan ser utilizados para otras maniobras- o, incluso, obtener dinero con un depósito de mil dólares en Bitcoins a cambio de cerrar la investigación.

La UFECI informa que el contenido de estos mails es falso y que quienes hayan sido víctimas no respondan a los correos ni entreguen dinero y que ante la duda realicen la denuncia en la comisaría más cercana a su domicilio.

Uno de los correos atribuidos a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA indica que, para respetar la confidencialidad de quien debe realizar el descargo, el remitente espera una respuesta con las justificaciones pertinentes a una dirección de correo electrónico, para que “puedan ser examinados y verificados los hechos con el fin de evaluar las sanciones en un plazo estricto de 48 horas”.

El mismo mensaje advierte a las víctimas que, si no realizan el descargo correspondiente, el expediente se enviará a las asociaciones de lucha contra la pedofilia y a los medios de comunicación para su publicación.

Otro de los correos que circula agrega que solo hay una manera para detener la investigación en curso: el envío de un monto de mil dólares estadounidenses en Bitcoins a una cuenta detallada en el mismo mensaje. Esa posibilidad, agrega el remitente, se ofrece por única vez a la víctima y con un plazo perentorio.

FUENTE: comercioyjusticia.info