Por César Pucheta

La discusión en torno al aborto copó las conversaciones públicas. Después de años de proyectos cajoneados y frustrados intentos de convocatorias, las posturas de quienes se manifiestan a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y de quienes se oponen a ésta se ponen de manifiesto diariamente en el Congreso de la Nación y en los discursos públicos, en los programas de televisión y de radio, en diarios y revistas, en las calles y en las cenas familiares.

Desde mayo de 2005 existe en la Argentina una alianza de organizaciones que se nuclean en la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que ya ha impulsado siete proyectos de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo bajo la consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Cuando a comienzos de 2018 Mauricio Macri habilitó oficialmente su tratamiento en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el espacio del oficialismo que venía esperando el guiño presidencial agilizaron los movimientos y el avispero empezó a moverse, definitivamente, en el plano institucional.

Desde hace un par de semanas, los martes y los jueves son los días señalados para que legisladores nacionales reciban a profesionales de la salud y el derecho, especialistas, activistas políticas y representantes de organizaciones de la sociedad civil que podrán exponer sus posturas en reuniones de comisión transmitidas en vivo por los medios oficiales de la Cámara Baja.

En las reuniones están presentes las y los representantes de las Comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Acción social y Salud Pública. De allí deberá salir un dictamen que luego se pondrá a consideración del cuerpo. No hay plazos estipulados, pero se espera que la discusión no se dilate hasta más allá del primer semestre de este 2018.

Uno de los argumentos que suele esgrimirse de uno y otro lado es el de lo que se identifica como “las acciones previas” a la instancia del aborto. Están quienes, por un lado, reclaman pensar políticas en ese sentido antes de tener que discutir lo que consideran una “decisión extrema” y quienes, por otro, reclaman por el correcto funcionamiento de los programas en vigencia para garantizar la educación sexual y el acceso libre a las políticas sanitarias que contemplen los métodos anticonceptivos y así no desviar la atención del foco principal en la discusión: la legalización del aborto.

Las leyes que ya están

Desde el año 2002 existe en nuestro país el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable (PSSyPR). El programa entrega a las provincias anticonceptivos orales, inyectables, dispositivos intrauterinos y preservativos para su distribución gratuita en los Centros de Atención Primaria y hospitales públicos. Con excepción de Tucumán (que no adhirió a la norma), la ley tiene alcance en todo el territorio nacional. Córdoba, además, adhiere a la Ley de Anticoncepción Quirúrgica que fue promulgada en agosto de 2006 y que garantiza el derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas “ligadura de trompas” y “vasectomía” en los servicios del sistema de salud públicos y privados.

Casi medio millón de mujeres asesoradas en programas provinciales

Por su parte, la Provincia cuenta también con dos programas locales que son el Programa de Maternidad y Paternidad Responsable y el Plan Provincial de Prevención de Embarazo No Deseado. Ambas políticas se ejecutan a través de la labor de unos 700 efectores que trabajan en los centros de salud distribuidos a lo largo del territorio provincial en coordinación con las administraciones municipales. Esos programas asesoran, hoy, a unas 436.630 mujeres y 121.000 varones que están siendo asistidos por un grupo interdisciplinario dependiente del Ministerio de Salud.

El tratamiento integral es uno de los aspectos de este tipo de políticas que prefieren resaltar desde las oficinas del Ministerio, desde donde advierten que el objetivo final de estos trabajos no sólo se asienta en evitar embarazos no deseados sino que la apuesta también es promover la educación y prevenir enfermedades de transmisión sexual. “Cada vez que hombres y mujeres se acercan a realizar consultas, conforman una instancia en la que los agentes del estado aprovechan para informar y preguntar por las medidas preventivas que se adoptan desde los diferentes sectores de la sociedad, cada una de las alternativas disponibles tiene sus ventajas y sus riesgos, por eso es importante destacar el rol interdisciplinario de estas iniciativas”, dice a La Nueva Mañana la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia, Analía Cudolá.

Con llegada al interior del interior

Como en la mayoría de los programas provinciales, el vasto territorio cordobés dibuja un mapa desigual en torno a las posibilidades que cada uno de los agentes enfrenta a la hora de conseguir los objetivos trazados por los planes de las diferentes carteras de gobierno. En el caso del Ministerio de Salud, las zonas más alejadas de los centros urbanos están contempladas en el programa Familia Rural Sana que, entre otros alcances, también trabaja en torno a la salud sexual. “Hay un trabajo muy fuerte que se lleva adelanta en coordinación con casi todos los programas provinciales de impacto sanitario.

La estrategia trazada nos hace llegar a lugares que son muy alejados pero en donde nunca falta un Centro de Atención Primaria. Si bien son centros en los que no se encuentra un desarrollo tecnológico de gran complejidad, allí está el personal y los insumos para poder garantizar la implementación de estos programas”, asegura Cudolá.

Dificultades actuales

En su libro “La revolución de las mujeres”, la periodista Luciana Peker advierte que en el año 2015 se llegó al punto más alto de inversión en torno al PSSyPR. Allí se destinaron $72.730.000 en la compra de más de 24.000.000 de insumos anticonceptivos, que implicó que se llegasen a repartir más de 4.000.000 de preservativos y que el implante subdérmico pudiese estar al alcance de las jóvenes de los sectores más postergados de la sociedad, cuando su costo en el mercado era mayor a $3.000. Ese nivel de inversión se discontinuó desde la asunción del macrismo que, a partir de recortes y cierres de programas específicos, desjerarquizó la política en la materia. “Así como tenemos las leyes en materia de salud, anticoncepción y educación, tenemos profesionales que argumentan razones personales, morales y religiosas para no aplicarlas. Pero también enfrentamos un panorama de vaciamientos por parte del Estado. A finales del año pasado hubo una oleada de despidos en el Ministerio de Educación que discontinuó la producción de materiales para el Programa Nacional para Educación Sexual poniendo en riesgo la aplicación de esa política”, afirma María Teresa Bossio, Presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir.

El principal problema, “los obstáculos que ponen los profesionales”

Consultada por La Nueva Mañana, Bossio señala que las organizaciones de mujeres son las que realizan los monitoreos necesarios para garantizar que las políticas se ejecuten del modo correspondiente. Apoyada en ese trabajo permanente, advierte que el principal problema son “los obstáculos que ponen los profesionales a la hora de habilitar el acceso a los métodos anticonceptivos”.

“Muchas veces, las mujeres van a solicitar el acceso a un método específico y el médico le pide una serie de estudios que quien espera la intervención debe costear por sus propios medios. Eso hace que los tiempos se dilaten y que el riesgo de embarazo no deseado se incremente durante ese proceso”, dice la también docente de la Universidad Nacional de Córdoba quien apunta que, en muchos casos, “la aplicación efectiva de los programas depende de la voluntad y los perfiles del personal de cada uno de los centros asistenciales”.

Desde la Provincia relativizan y niegan que esa situación pueda ser tomada como regla en las políticas de prevención que se llevan a cabo. “Cada tratamiento debe ser serio. Nosotros consideramos que cada vez que una persona se acerca y opta por algún método anticonceptivo, el proceso que se inicia debe tener los resultados deseados porque si eso no sucede es una oportunidad perdida”, señala por su parte Cudolá.

“Puede que haya situaciones muy puntuales pero son casos aislados. Tenemos que trabajar responsablemente sobre cada caso y hay momentos en que es necesario conocer el estado de salud de una mujer cuando, por ejemplo, se opta por un dispositivo intrauterino. Sería una irresponsabilidad colocarlos sin los estudios previos”, agrega la funcionaria a la vez que aclara que “en ningún momento se deja a la mujer desprotegida porque siempre hay métodos alternativos, hoy tenemos la posibilidad de ofrecer quince métodos que se pueden ir sumando si mañana aparece uno nuevo”.

Con cuatro programas destinados a la salud sexual y reproductiva implementados desde Nación y Provincia, a los que deben sumarse los programas propios de los municipios de los grandes centros urbanos, la discusión en torno a la legalización del aborto parece estar en condiciones de despejar una variable en territorio cordobés. El tiempo por venir deberá eliminar los obstáculos que aún parecen trabar la plena aplicación de las políticas de estado en la materia y esperar la decisión definitiva para saber si la interrupción voluntaria del embarazo se convierte en un derecho a lo largo y a lo ancho de la República Argentina.

FUENTE: lmdiario.com.ar