En un fallo decisivo, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación de La Carlota, a cargo del juez Rubén Alberto Muñoz, resolvió a favor de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Canals, evitando así la subasta y posible demolición del edificio que ha sido parte integral de la historia de la localidad. Declarado patrimonio cultural en 2014, el inmueble estaba en peligro debido a un largo proceso judicial que se remonta a 1996, cuando una serie de deudas y una mala administración dejaron a la institución en una situación financiera crítica.
A propósito, Joel Albertoni, presidente de la Sociedad Española, manifestó a Puntal su alivio y gratitud tras la resolución: “Es un gran logro no solo para nosotros, sino para toda la comunidad de Canals. Durante estos últimos años, hemos luchado contra viento y marea para conservar nuestro edificio, que no es solo un inmueble, sino un símbolo de nuestra identidad. El apoyo de los vecinos y los medios fue crucial para llegar hasta aquí”.

El origen del conflicto

El conflicto legal comenzó en 1996, cuando un grupo de socios de la mutual que operaba en las instalaciones decidió tomar acciones legales para recuperar sus ahorros tras la quiebra de la institución. Aunque la mayoría de los demandantes desistieron para no dañar a la Sociedad Española, una familia continuó con la causa, lo que llevó a la subasta del edificio como parte del proceso judicial.

“La mala administración de la mutual en los años 90 dejó a la institución en una situación muy complicada. Los acreedores han presionado durante años, y aunque intentamos llegar a un acuerdo ofreciendo cinco millones de pesos, la suma que inicialmente nos demandaban era inalcanzable para nosotros”, explicó Albertoni.

El juicio alcanzó un punto crítico en marzo de 2023, cuando el remate del inmueble parecía inevitable. En ese momento, la población de Canals se movilizó para frenar lo que muchos consideraban un atropello contra el patrimonio cultural de la ciudad.

El edificio, declarado patrimonio cultural en 2014 por el Concejo Deliberante canalsense, representaba mucho más que un valor material para los habitantes de la localidad.

La sentencia y sus implicancias

El fallo de la Justicia de La Carlota establece que la Sociedad Española deberá pagar 2.628.133,65 pesos a los acreedores, una cifra significativamente menor que los 12 millones inicialmente exigidos. Al respecto, Albertoni subrayó que “es un monto que, aunque es considerable, podemos alcanzar con la ayuda de toda la comunidad. La resolución no solo nos permite salvar nuestro edificio, sino que también sienta un precedente para la protección del patrimonio en otras localidades”.

El tribunal, al revisar la liquidación inicial, encontró que la misma estaba inflada y presentaba errores matemáticos significativos, lo que llevó a la reducción del monto adeudado.

Además, la sentencia reitera los intereses aplicables según decisiones judiciales anteriores, incluyendo un 1,5% mensual no acumulativo hasta 2002, seguido de una tasa pasiva promedio con un 2% adicional hasta la fecha del fallo.

Movida solidaria

Con el veredicto a su favor, la Sociedad Española de Canals se enfrenta ahora al desafío de recaudar los tres millones de pesos necesarios para saldar la deuda. Albertoni anunció que el próximo domingo 15 de septiembre se llevará a cabo un gran evento solidario en la calle San Martín, frente al histórico edificio de la Sociedad Española. La jornada, que comenzará a las 17 horas, incluirá espectáculos musicales en vivo, actividades recreativas para toda la familia y una feria de comidas y artesanías. Además, se colocarán urnas de recaudación para que los vecinos puedan hacer sus donaciones.

“Estamos organizando este evento para recaudar fondos y esperamos que todos los canalsenses se sumen. Sabemos que no es fácil, pero creemos que juntos podemos lograrlo”, afirmó. “Si logramos reunir más de tres millones de pesos, el excedente se destinará a la restauración del lugar, que ha sufrido mucho con el paso del tiempo y necesita ser reparado”.

“Este edificio no solo es una estructura antigua, es un testimonio de nuestra historia. Conservarlo significa mantener viva nuestra memoria colectiva y nuestro sentido de pertenencia”, destacó el titular de la institución.

Finalmente, Albertoni también reflexionó sobre el papel del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que representó un respaldo clave para la resolución del conflicto. “El Inaes salió a favor nuestro, apoyando nuestra presentación y validando nuestra matrícula como institución legalmente constituida. Esto fue fundamental para que la Justicia entendiera la importancia de nuestro caso y emitiera una sentencia favorable”, cerró.

FUENTE: www.puntal.com.ar