Mariela Galeazzi, Directora de Litigio de Amnistía Internacional Argentina, habló en MIRA FM 106.3, y advirtió sobre crecientes dificultades en el cumplimiento de la ley 27.610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina.

Galeazzi señaló que Amnistía Internacional ha recibido un aumento del triple en la cantidad de denuncias por obstáculos que enfrentan las personas para acceder al aborto en todo el país.

Denunció el desmantelamiento de políticas de salud sexual y reproductiva por parte del Estado Nacional, incluyendo la interrupción de la compra y distribución de misoprostol, un medicamento esencial para la interrupción del embarazo.

La abogada explicó que esta situación deja en manos de las provincias la cobertura de estos servicios, lo que está excluyendo a muchas personas. Afirmó que las mujeres que acuden a hospitales y centros de salud se encuentran con la falta de medicación y deben recurrir a la compra en farmacias, con costos muy elevados.

Galeazzi también destacó que el 60% de las consultas recibidas buscan información sobre el derecho al aborto, lo que evidencia la desinformación existente debido a discursos en contra de la ley.

Enfatizó que el acceso al aborto es un derecho y una obligación del sistema de salud, y que la falta de información puede llevar a abortos inseguros.

Para denunciar la falta de atención en estos casos se puede ingresar a la página oficial: www.amnistia.org.ar y llenar el formulario para poder llevar adelante el proceso de reclamo ante la justicia.

MARIELA GALEAZZI:

Galeazzi es abogada, egresada con honores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Cursó una Maestría en Derecho Procesal en la misma Facultad, para luego hacer un Master en Derecho Internacional con especialización en Derechos Humanos en la American University Washington College of Law, en Washington DC.

Fue coordinadora de la Clínica Jurídica de Discapacidad de la UNLP, trabajó para la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) y en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). También fue consultora para el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA y para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación – Cuerpo de Abogadas y Abogados de Víctimas de Violencia de Género.

En el exterior, fue pasante y consultora para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); UNICEF – LACRO; Women Enabled International (WEI); y el Centro