La palabra que unificará el primer mes de gobierno del Frente de Todos es “emergencia”. No sólo porque la oficialización de ese estado de situación en al menos 9 áreas de la administración nacional fue la razón de fondo del primer megaproyecto de ley que debatió y aprobó el Congreso de la Nación sino porque ese gesto fue imitado por un importante número de administraciones provinciales y locales a lo largo del país.

Días atrás, tras congelarse el sueldo y tomar esa decisión para todos los funcionarios de su administración, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, advirtió respecto a la necesidad de alinearse a la declaración de emergencia que impulsó el presidente Alberto Fernández por el plazo de seis meses, de modo tal de “acomodarse a la difícil situación que vive la Argentina y cada una de las provincias”. Esa parece ser la dirección de las administraciones que ingresan al 2020 con complicaciones económicas que impiden garantizar el básico funcionamiento institucional.

Sólo en la provincia de Córdoba son más de 20 los municipios que decretaron la emergencia económica. En la mayoría de los casos, esa realidad que tiene un anclaje concreto en el aparato institucional está acompañado por profundas crisis sociales que deben ser atendidas por los municipios con carácter de urgencia.

La nueva herencia

En su mayoría se trata de localidades que han tenido cambios en el color político que ha tomado las riendas del Estado tras las últimas elecciones. También en la mayoría de los ejemplos que se enumeran, se trata de administraciones peronistas que aseguran haberse encontrado con realidades financieras demasiado complicadas. Allí están Río Ceballos, Monte Maíz, Villa General Belgrano, Devoto, Ucacha, Villa La Bolsa, Potrero de Garay y, la más emblemática, Córdoba Capital.

La declaración que aprobó el Concejo Deliberante cordobés en las sesiones extraordinarias convocadas a tal fin a finales del año 2019 había sido anticipada por la gestión entrante en los tiempos de la transición. La mesa destinada a tal fin fracasó en su primera puesta en práctica cuando el peronismo denunció que los funcionarios designados por la gestión Mestre retaceaban información y se fueron advirtiendo sobre una situación casi terminal en materia de finanzas en el Palacio 6 de julio. 

Por esas razones, a nadie le sorprendió la emergencia económica, financiera, administrativa y social que propuso Llaryora como su primera medida de gobierno. Salvo al Suoem, que encontró algunos puntos perjudiciales para los trabajadores y trabajadoras dentro del paquete de medidas aprobado por el Concejo. Mientras el gremio advertía el avance sobre “derechos laborales y remunerativos”, la mayoría legislativa anunciaba la modificación del esquema tarifario que había dejado lista el radicalismo y elevaba las tasas para garantizar una mayor y mejor recaudación en pos de mejor famélica realidad de las arcas municipales. La oposición comenzó a denunciar al nuevo Intendente de abusar de sus “superpoderes” y, así, se fue trazando un primer escenario conflictivo en la vuelta del PJ a la conducción del Estado municipal capitalino.  

Los que prorrogaron la emergencia

Más allá de advertir que la mayor parte de las localidades declaran la emergencia amparándose en las realidades que encuentran las administraciones entrantes, es necesario señalar que también se contabilizan casos en que dicha medida estaba declarada anteriormente y que, las actuales administraciones, sólo optaron por prorrogar esa estado de excepcionalidad. Cruz del Eje, Capilla del Monte, Las Varillas y Río Tercero son los lugares en los que esa situación se proyectará a lo largo de todo el 2020.

El caso de Río Tercero guarda una particularidad: estuvo en emergencia durante los ocho años que duró la gestión del radical Alberto Martino y fue el propio mandatario saliente quien envió al Concejo Deliberante el proyecto para prorrogar esa normativa días antes de dejar la gestión en manos de su correligionario Marcos Ferrer. Tras un 2019 para el olvido en materia electoral, el radicalismo cordobés pone una especial atención en lo que pueda hacer el joven dirigente ya que esa ciudad pasó a ser la más importante entre las que gobierna el partido centenario.  

La mayoría de los casos donde se declaró la emergencia se trata de localidades que han tenido cambios en el color político y que han tomado las riendas del Estado tras las últimas elecciones.

En los próximos días, serán varias las localidades que tendrán nuevas declaraciones como tema excluyente de sus agendas políticas y parlamentarias. Una de ellas es San José de la Dormida, cuyo intendente, Alejandro Allende envió un proyecto al Concejo Deliberante el pasado  30 de diciembre. La situación que recibió Allende tras asumir en el municipio parece ser tan compleja que para empezar a solucionarla buscará declarar la emergencia social, sanitaria, presupuestaria, económica, financiera, administrativa, urbanística y de servicios públicos en por los 2 primeros años de su mandato.

El “ahorro” de la política

La compleja situación que ponen de manifiesto los casos antes señalados también abren el camino a otro tipo de decisiones políticas y “gestos” que los encargados de comandar los municipios y comunas llevan adelante para intentar paliar la crisis. Una de las discusiones que parece querer volver a instalarse cuando se discuten los “esfuerzos” de cada uno de los sectores en el marco de la realidad nacional es la que advierte por los dineros destinados al funcionamiento del Estado. Eso que históricamente se llamó “gastó público” y que apunta a la cantidad de personal con que cuenta cada una de las estructuras gubernamentales y los fondos destinados a tal fin. 

En ese sentido parecen dirigirse medidas como la del propio intendente capitalino, que congeló los salarios de la planta política hasta el mes de junio. “Estamos pidiendo un esfuerzo a la sociedad y esto lo hacemos con el compromiso de entender la situación de emergencia que vive Argentina y no esquiva a Córdoba”, advertía Daniel Passerini respecto a una decisión que fue replicada en varias localidades del interior. 

ntendentes que optaron por reducir o no percibir sus salarios 

En ese marco, cada uno de los Intendentes tomo alguna decisión que lo diferenció el resto. En Monte Maíz, el peronista Luis Trotte no sólo bajó un 40% el salario de sus funcionarios sino que anunció que “donará” su sueldo. Pero la situación del mandatario que por estas horas solicita que el Concejo Deliberante de la localidad ubicada en el sudeste cordobés trate su propia declaración de emergencia, no es nueva ni exclusiva. 
Médico de profesión, Trotte se encuentra jubilado desde hace ya varios años y, a la hora de elegir su ingreso, decide por seguir cobrando la jubilación y resignar su salario como Intendente (en Monte Maíz ronda los $130 mil) para reducir el gasto en el municipio que le toca gobernar. 

Las administraciones peronistas que aseguran haberse encontrado con realidades financieras demasiado complicadas: Río Ceballos, Monte Maíz, Villa General Belgrano, Devoto, Ucacha, Villa La Bolsa, Potrero de Garay y, la más emblemática, Córdoba Capital.

La misma decisión vienen tomando algunos mandatarios que se encuentran ante la misma realidad, como Miguel Negro, de Santa Catalina-Holmberg, Ricardo Scoles de Villa del Dique o Domingo Morena de Chilibroste. En el repaso territorial, los intendentes que acceden al cargo y deciden continuar percibiendo el haber jubilatorio en lugar de su salario al frente del Ejecutivo local superan la docena.  

Pero no todo termina allí en materia de políticas destinadas al ahorro. Otro caso paradigmático tiene lugar por estas horas en Arroyito, donde Gustavo Benedetti cumplió con la que, quizás, era la propuesta de campaña más complicada de hacer realidad y confirmó que no habrá aumentos en la tasa de Servicios a la Propiedad, Automotores e Industria y Comercio durante el año que acaba de comenzar. Con esa decisión, que depende de que su administración pueda obtener los recursos desde otras fuentes de financiamiento y recaudación, la Municipalidad de Arroyito se convertirá en la única de toda la provincia que no actualizará en el 2020 los valores de sus tributos.

FUENTE: Política / Economía 03/01/2020 Por César Martín Pucheta - lmdiario.com.ar