La mortandad de peces que alertó semanas atrás a pescadores y pobladores en la cuenca del arroyo Saladillo, en plena zona agrícola del sudeste cordobés, y que luego desembocó en el Carcarañá, aguas abajo hacia Santa Fe, no fue provocada por residuos de agroquímicos, como algunos conjeturaron, sino por otros de origen urbano: se trató de excedentes cloacales, como lo corroboró el análisis físico químico del agua.

En este caso, el sensible activismo ambiental no se hizo tanto eco de esta comprobación, y tampoco hubo demasiado celo entre los organismos oficiales, según afirman productores de la zona de Monte Buey, que se tomaron el trabajo, como lo hizo Patricio Watson, de encargar esos análisis a un centro especializado de la Universidad Tecnológica Nacional (Regional Córdoba).

Los resultados de laboratorio arrojaron una gran cantidad de materia orgánica (materia fecal originada en desbordes de una pileta de decantación de desagüe cloacal, ubicada en otra localidad de la región, según la hipótesis), la que consumió el oxígeno del que no dispusieron los peces para sobrevivir; esto, más allá de haber incidido otros factores, como las elevadas temperaturas o la bajante de los ríos.

Cosas en su lugar

El dato viene a cuento cuando se trata de poner las cosas en su lugar frente a los conflictos y debates relacionados con la producción y el ambiente, y cuando el sistema agropecuario está bajo una lupa que, con cierta frecuencia, arroja visiones distorsionadas.

La gestión de diferentes organismos en esta materia lejos está de resultar inocua o neutral, dado que les competen funciones de arbitraje, de normativas y de contralor. Desde el agro, la cuestión ambiental sigue en la agenda en diferentes provincias. En Córdoba, sobresalen como casos emblemáticos la demorada actualización de la ley de bosques y las restricciones que se acumulan en algunos municipios (por encima de la ley provincial) en materia de fitosanitarios.

Tema de agenda

En su primera reunión del año, el consejo nacional de CRA colocó el punto entre sus temas de agenda, junto con los referidos a la presión impositiva y a la infraestructura. El presidente de CRA, Dardo Chiesa, recordó que el país cuenta con instituciones prestigiosas, como el Inta, el Inti, el Conicet, Aacrea y Aapresid, que tienen los conocimientos para el tratamiento de estos ejes. Y que permitirían usar la ciencia y la tecnología en su resolución, antes que caprichos ideológicos.

La entidad rural se encargó de listar conflictos ambientales de diferente naturaleza en distintas regiones del país. Pero, en lo que atañe a Córdoba, advirtió que en materia de ordenamiento territorial se genera desigualdad ante la ley –y perjuicio para los productores más chicos–; también una inviabilidad ambiental que termina en incendios, a lo que se suman malas definiciones: el fachinal no es ni será nunca un bosque; el bosque degradado exige otro camino para recuperar suelos, sostiene CRA.

En cuanto a las pulverizaciones agrícolas y distancias mínimas de aplicación, las ordenanzas municipales y decretos varían de acuerdo con cada departamento. La entidad propone unificar el criterio y avanzar en una homologación nacional para la aplicación de agroquímicos.

FUENTE: agrovoz.lavoz.com.ar