El Doctor Ricardo Abad, abogado procurador, especialista en derecho penal y derecho administrativo, diálogo con el periodista Damián Huber en Radio Sintonía sobre la situación particular que se vive en Colonia Barge con el reclamo de algunos vecinos que han comprado terrenos en esa localidad y aún no han podido escriturar.

El profesional, quién fue contratado por la Comuna de Colonia Barge para encauzar la situación, explicó que "esta es la gestión que se me ha encomendado por el recientemente asumido Presidente Comunal Abel Gauto. La palabra en todo esto sería irregularidad, porque hemos advertido una serie de operaciones inmobiliarias que no se han ajustado, en principio y según lo que tenemos a mano, a la normativa que debiera regir este tipo de circunstancias.

Al tratarse de una Comuna, y ser la titular de dominio de los inmuebles afectados en esas operaciones, existen requisitos más complejos que los habituales en operaciones con particulares. Cuando se trata del Estado, en cualquier dimensión, y tratándose de bienes que forman parte del patrimonio de esa Comuna, es decir que le corresponden a todos los vecinos, los requisitos son más estrictos. En el Estado nacional, provincial o municipal, el Poder Ejecutivo requiere una autorización previa de parte del Poder Legislativo para hacer este tipo de operaciones. Es decir que el cuerpo de representantes de los vecinos o del pueblo, debe autorizar a la jefatura del Ejecutivo a disponer o sacar del patrimonio municipal, un bien determinado. La autorización es fundamental y en el caso de la Comuna tiene la particularidad de que el Poder Legislativo está representado por un órgano, que es la Comisión Comunal, obvio que el presidente de esa Comisión Comunal es el Ejecutivo, o sea el intendente del pueblo y el Poder Legislativo sería el resto de la Comisión.

Las irregularidades que nosotros estamos advirtiendo, es la inexistencia de esa autorización por parte del Poder Legislativo. Hemos visto boletos de compraventa que no reúnen los requisitos y no habría resoluciones al respecto. Por ende, por el momento, ese dato fundamental que hace a la responsabilidad de los funcionarios que dispusieron en ese momento este tipo de operaciones no está presente. Cualquier especialista en derecho público podría decirme que esto puede salir a posteriori, con una convalidación, es decir lo que yo no pude autorizar antes, lo puedo aprobar después con el mismo efecto.

El problema es que nosotros pasamos por otra irregularidad, en los boletos que hemos tenido en la mano, ya que podría haber otros, hemos visto que quienes adquirieron esos terrenos, hicieron un pago en esa oportunidad, que en algunos casos podría ser total o parcial, de acuerdo al precio de compra. Son sumas bastante considerables, porque operan casi como una seña, más un porcentaje importante del precio y diferimiento en cuotas. Ese boleto dice que quién recibió el dinero como vendedor, otorgó carta de pago respecto a esa parte del precio. Cuando uno se encuentra con un boleto de estas características y asumiendo la buena fe de ambas partes, uno puede preguntarse dónde está el dinero, cómo ingreso a las arcas de la comuna?. Quisimos ver si el dinero ingresó por caja o por las cuentas bancarias, cuando nosotros hacemos una serie de arqueos o una investigación de los movimientos económicos de la comuna, nos encontramos con que no existe el ingreso efectivo de ese dinero. 

Tenemos realmente un problema con esto, porque el tema de la aprobación por parte de la comisión no sería el problema mayor, porque se hace una aprobación posterior, pero lo sucedido con el precio no es menor, tratándose de un boleto de compraventa que por definición es oneroso y nadie se desprende de un bien sino es porque le dan dinero. Esto nos hace averiguar si los estamos pasando algo por alto, o si existe documentación conexa paralela que daría cuenta del ingreso efectivo de ese dinero".

Consultado sobre si corren riesgo los compradores de los terrenos de perder el bien que han abonado total o parcialmente, Abad explicó que "en la Comuna no estamos con intenciones de achacar ni perseguir a nadie, esa no es la voluntad legal ni política de la Comuna. Lo que existe en este momento es una decisión muy firme de parte del señor Gauto en pos de averiguar qué fue lo que sucedió con estas ventas de los terrenos. La investigación, lo que tiende es a buscar la verdad clara de lo que pasó con estas operaciones. Los compradores deben entender que debemos tener un tiempo razonable para poder llevar a cabo esto. Esta nueva Gestión de Gobierno asumió en forma abrupta, no esperada y, obviamente, como suele suceder en circunstancias así, se encuentra con cosas que quizás no tenía conocimiento o que no controlaba.

Toda transacción administrativa debe estar sometida a la ley y a los principios jurídicos que informa en el ordenamiento. Uno de los principios fundamentales es la buena fe y la confianza. La administración comunal no tiene derecho a desconfiar de los vecinos, tiene el deber de considerar que han sido de buena fe las operaciones, pero también tiene que investigar para confirmar que esa buena fe que se presume, realmente existió, para luego de averiguado lo sucedido, adoptar las medidas que crea corresponder internamente y externamente. Todo esto es para la tranquilidad de los títulos de adquisición qué a los vecinos les correspondan tener.

Nos hemos encontrado con boletos que no tienen ni siquiera certificaciones de firma, este trámite es muy usual en los convenios de transmisión de inmuebles. Estas no son suspicacias para pensar mal de la gente ni mucho menos, son parte de irregularidades que a nosotros nos preocupan y debemos Investigar para saber lo sucedido y tomar las acciones razonables en un tiempo prudencial".

FUENTE: sintonia102.com – multimediosmaldoni.tv