La investigación judicial contra la desarrollista Márquez y Asociados continúa su curso, tras confirmarse oficialmente la quiebra de la empresa. El proceso, que acumula más de 30 mil incumplimientos contractuales y miles de denuncias penales y civiles, entró en una nueva fase crucial: los damnificados deben presentarse ante la sindicatura antes del 21 de noviembre de 2025 para verificar sus créditos y ser considerados en el proceso de liquidación.
La abogada Alejandra Giaccone, quien acompaña a un importante número de afectados, detalló que incluso quienes ya hayan iniciado demandas judiciales deberán completar este trámite para ser incluidos como acreedores. Además, quienes hayan recibido parcialmente sus viviendas pero aún deban cuotas, deberán depositarlas en una cuenta judicial específica, previa notificación escrita al juez de la quiebra. De lo contrario, los pagos no serán válidos y podrían derivar en problemas legales adicionales.
La magnitud del caso ha movilizado también a representantes políticos. La legisladora Alejandra Ferrer presentó un proyecto para que el Gobierno de Córdoba, junto al Banco de Córdoba, articule una línea de créditos a tasas preferenciales. El objetivo es que los damnificados puedan finalizar la construcción de sus viviendas, muchas de las cuales quedaron a medio terminar o nunca se iniciaron, pese a haberse abonado en su totalidad.
Según la propuesta legislativa, se estima que solo unas 2.500 viviendas llegaron a concluirse, sobre un total de más de 30.000 contratos firmados. El resto de las obras se encuentran inconclusas, lo que ha generado una profunda crisis habitacional y económica para miles de familias en toda la provincia. Ferrer señaló que diversas defensorías del pueblo y oficinas de defensa del consumidor están colapsadas por la cantidad de reclamos vinculados al caso.

FUENTE: www.estacion95.com.ar