Una alarmante cifra sobre los casos de femicidios en Argentina fue dada a conocer esta semana por el observatorio de Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana). Se trata del relevamiento que la ONG realiza a partir de los medios de comunicación y que presenta los hechos de violencia en todo el territorio nacional. 

De acuerdo a lo trabajado por la organización, desde el 1 de enero al 30 de junio de 2019 se produjeron 132 femicidios (11 en Córdoba), lo que supone una muerte cada 33 horas. Si bien Córdoba no es de las que en peor situación se encuentran, considerando que Chubut es la provincia con mayor índice en relación a habitantes, el informe da cuenta de que el 70% de los hechos se producen en el interior provincial. Referentes de la agrupación insisten en la necesidad de dar visibilidad a la problemática y trabajar en la contención de las víctimas, pues se desprende de los datos que en el 16% de los casos, la víctima ya había realizado denuncias previas, y aun así el victimario terminó quitándole la vida. 

El observatorio de Mumalá “Mujeres, Disidencia, Derechos”, presenta semestralmente un avance de los estudios que realiza, mientras que a final de cada año entrega un informe completo de todo lo sucedido en cada período. Luego de los primeros seis meses de 2019, dieron a conocer el número de femicidios que tuvieron conocimiento a través de los medios de comunicación, y fueron 132 los crímenes por violencia de género. 

Lo particular de este avance ofrecido por la ONG es el trabajo sobre la tasa de cada provincia en relación a la cantidad de femicidios por cada 100.000 mujeres y trans. 

En este estudio, provincias como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, que concentran la mayor cantidad de casos, tienen porcentajes mejores por la cantidad de habitantes. Para las dos primeras la tasa es de 0,5%, y para la tercera de 0,3%. Otras provincias, como Chubut (1,97%), Chaco (1,65%) y Catamarca (1,45%) son las que se encuentran en una situación más complicada. Formosa con 1,3 y La Pampa con 1,2 continúan en el listado por provincias. 

En el comunicado brindado por Mumalá, documento por el que pidieron la declaración de una emergencia por violencia machista, sostuvieron: “Es de carácter urgente que se tomen medidas concretas y efectivas para la prevención, asistencia y erradicación de las violencias contra las mujeres e identidades disidentes”.


Datos que preocupan

Por otra parte, Mumalá denunció que desde la sanción de la Ley 26.485 hasta la actualidad no se ha destinado un presupuesto acorde para efectivizar las políticas públicas necesarias. Entre otros puntos, el informe señala que del total, 122 femicidios son directos; 8 vinculados de mujeres y niñas, 9 de hombres y niños y 3 a personas trans. Además, hay 19 casos que se encuentran en medio de investigación (a la espera de una autopsia y peritajes).

En cuanto al vínculo que tenían víctimas y victimarios, en el 42% de los casos eran parejas, el 26% exparejas, el 16% en conocidos, 10% familiares, 5% desconocidos y en un 1% no se registra ningún dato. En tanto, en lo que respecta a la modalidad del femicidio, en el 28% de los crímenes se usó arma de fuego, otro 28% usó una arma blanca; el 16% fue asesinada a golpes, el 14% asfixiada, el 8% quemada y sin datos un 6%.

Son aspectos que desde la ONG insisten en tener en cuenta como indicador, considerando que se debe avanzar en las medidas de protección contra la violencia doméstica. El lugar físico del asesinato también es alarmante, considerando que el 48% de los casos ocurrieron en la vivienda de la víctima, y en un 21% en la vivienda que compartía con el femicida. Además, se dio en la vía pública el 10%, en un descampado  un 8%, en la vivienda del agresor en un 5% y en propiedad privada en un 3%, en la vivienda de un familiar un 1%, sin datos en un 4%.

La franja de edad más alta de femicidas es de 19 a 40 años en un 46%; de 41 a 60 en un 26%, de 0 a 12 años un 11%, de más de 60 años un 8%; de 16 a 18 en un 4%, de 13 a 15 años en 1%, y sin datos en un 4%. Para completar el relevamiento, los equipos de Mumalá indicaron que por estos hechos de violencia, 105 niños, niñas y adolescentes perdieron a su madre, y que el 16% de las mujeres víctimas ya había denunciado a su agresor. En cuanto a los agresores, del total, el 8% pertenecía a alguna fuerza de seguridad y el 22% se suicidó luego del hecho.


En Córdoba

En diálogo con Puntal, la referente de Córdoba de Mumalá Betiana Cabrera Fasolis, destacó el trabajo que realizan los miembros del observatorio, y consideró que los resultados deben ser leídos para el avance en el desarrollo de políticas públicas que den contención a las mujeres y trabajen en contra de la violencia patriarcal.

“El observatorio nacional de las Mumalá funciona con el registro de personas en 17 provincias, quienes rastrean cada uno de los casos, y que al último día del mes de junio dio como resultado 132 femicidios, con 11 en Córdoba contando los primeros días de julio”, señaló. 

En tanto, la referente destacó que en la provincia “se reitera una misma característica en varios años y tiene que ver con que la mayoría se da en el interior provincial, con más del 70% de los casos”.

- El informe de Mumalá da un número alarmante de los casos de femicidios en lo que va del año, ¿es necesario intensificar las acciones de prevención y el acompañamiento a las víctimas? 

- Sostenemos que hubo avances importantes en la asistencia en materia de violencia de género, que fueron persiguiendo los reclamos de movimientos de mujeres y feministas. Hay que recordar que en 2015, en el primer NiUnaMenos, pedíamos por los hogares refugio, que llegaron a final de aquel año; luego pedimos por espacios centralizados que permitieran una atención especial de estos casos y fue cuando apareció el primer Polo Integral de las Mujeres y la adhesión a la ley nacional, y fuimos la última provincia en hacerlo, a una ley nacional que es de vanguardia en toda América Latina.

Cabrera Fasolis consideró que, en materia de asistencia, “algunas cosas se fueron haciendo producto de la presión social, pero aún falta mejorar en la prevención y promoción de una vida libre de violencia”, y agregó: “Hay pocas campañas masivas de difusión y sensibilización, hay poco trabajo en sensibilizar en espacios públicos y privados en relación a lo que es la perspectiva de género”. 

En este sentido, recordó que hace poco más de un mes se votó la adhesión a la ley Micaela, “por la que se obliga a la formación en perspectiva de género a todos los espacios de la Justicia y las Fuerzas de Seguridad”, y consideró que “todo espacio público se debe capacitar”. 

Aclaró que en el ámbito privado debe ocurrir lo mismo, y ejemplificó: “Hay experiencias interesantes que se han dado desde la Responsabilidad Social Empresarial, por la que en los espacios de más de 2 trabajadores han implementado protocolos internos para casos de violencia e intervenciones de sensibilización”.

- De igual modo, hacer un cambio como sociedad. 

-  Sí, debemos interpelarnos como sociedad para ver cómo hacer para no llegar a estos niveles de violencia, considerando que estamos en una sociedad patriarcal que tiene una baja tolerancia hacia las mujeres y a las disidencias sexuales: lesbianas, gays y trans, lo que hace que sea la primera causa de muertes violentas a mujeres. Cuando lo comparamos con los varones no es así, no es que los números más altos están relacionados a crímenes por sus parejas en ámbitos domiciliarios, sino que es en la violencia callejera. La referente de Mumalá en Córdoba consideró que “una de las cosas que hay que implementar, pero que los gobiernos tienen mayor reticencia a hacerlo, porque implica oponerse a los sectores más conservadores de la sociedad, es la implementación de la ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles, que uno de los principales contenidos nos habla de la desigualdad entre los roles de género”. 

- ¿Cuánto complica la reducción de presupuesto a los entes que trabajan contra la problemática?

- El acompañamiento a las víctimas es muy importante y es necesario actualizarlo, porque lo que vemos es que nos quedamos cortos en esa asistencia, muy sensible a los presupuestos que hacen a la sensibilidad política de los gobiernos. Hay una gran demanda de atención en Córdoba; por ejemplo ante el pedido de un turno se puede esperar hasta un mes antes de lograr una orden de restricción o alejamiento, o poder contar con un plan de independencia económica. Hay que recuperar autoestima, autonomía y demás.



Problema social

“Este es un problema social, no es de uno o dos varones que sean monstruos o que sean enfermos, sino que han crecido en esta sociedad que les permite creerse dueños de la vida de las mujeres”, indicó Cabrera Fasolis, y agregó: “Tenemos que reeducar a los varones y hacer que las mujeres salgan de las relaciones violentas y se transformen en mujeres que recuperen su autonomía, algo que se logra con mucho trabajo profesional y acompañamiento”. 

Consideró que para lograr estos cambios es necesario un trabajo intenso, “por eso desde Mumalá hacemos referencia a cómo se les paga a los trabajadores de los 5 polos integrales de la provincia, que deben caminar el interior provincial. Porque creemos que la mejor estrategia es la descentralización”, sostuvo.

- En el 16% de los casos hubo denuncia previa de la víctima, ¿se debe avanzar en los protocolos de acción de los organismos que reciben estas denuncias?

- Es terrible el número que se nos presenta. En el último caso que tuvimos en Córdoba, una joven mamá de 19, tenía denuncia, restricción y botón antipánico, por lo que hay que aceitar todos los mecanismos institucionales. Porque ella había hecho todo lo posible para prevenir el desenlace, y el agresor, que había violado una orden de restricción, continuaba libre. Con perspectiva de género debemos mejorar los protocolos, porque en el 90% de los casos el victimario es una pareja o expareja; es distinta la violencia y el Estado debe adecuarse para entenderlos. 



Luis Schlossberg.  Redacción Puntal