El Gobierno nacional aprobó por decreto una profunda reforma del accionar policial. La medida genera preocupación entre organismos de derechos humanos.
Una reforma sin precedentes
Mediante el Decreto 383/2025, el presidente Javier Milei, junto a la ministra Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, oficializaron el nuevo Estatuto Profesional del Personal de la Policía Federal Argentina. La normativa redefine el rol de la fuerza federal en tareas preventivas, incorporando nuevas facultades que, hasta ahora, requerían autorización judicial.

Requisas y detenciones preventivas
El nuevo régimen habilita a los agentes a realizar requisas en vía pública, inspeccionar vehículos, embarcaciones y aeronaves, incluso sin orden judicial, si existen sospechas fundadas de delitos o peligro de destrucción de pruebas. También se autoriza la demora de hasta 10 horas a personas que no puedan acreditar su identidad, una medida que había sido fuertemente restringida por fallos anteriores.
Ciberpatrullaje en redes y espacios digitales
Uno de los puntos más controvertidos es la incorporación del “patrullaje digital”. La Policía Federal podrá monitorear redes sociales y otros espacios digitales abiertos para prevenir delitos, sin requerir orden judicial previa. El Gobierno justifica esta medida como una necesidad ante el crecimiento del delito digital, aunque los especialistas advierten sobre riesgos para la libertad de expresión y la privacidad.

Advertencias y cuestionamientos
Organizaciones como el CELS, juristas y referentes de derechos humanos alertan sobre el posible uso discrecional de estas herramientas, especialmente en contextos de protesta o disidencia política. Además, se cuestiona que una reforma de tal magnitud haya sido implementada por decreto, sin discusión legislativa.

FUENTE: www.infoeccos.com